Marcos Pérez Jiménez (la carcel)
1963 puede considerarse la recta final del
Gobierno de Coalición presidido por Rómulo Betancourt, donde los intentos
terroristas y extremistas, con sus actos de violencia y agitación, iban
resultando nulos y fallidos frente al indetenible. El capital criollo
y foráneo siguió invirtiendo en nuevas industrias y en el desarrollo
agropecuario, y el gobierno siguió adelante en su acción de saneamiento fiscal,
de impulso al crecimiento económico y de defensa y valorización de nuestros
recursos humanos.
En la recta final estuvo un ejemplo de moralidad
democrática: la prisión del dictador Marcos Pérez Jiménez en Estados Unidos y
su ulterior extradición a Venezuela, gracias a una iniciativa del Presidente
Rómulo Betancourt. Lejos de
sentimientos de retaliación y venganza.
Los
venezolanos debíamos sentar un precedente, y por eso se presentó ante los
tribunales norteamericanos una acusación contra Pérez Jiménez por robo de
fondos públicos y por crímenes cometidos durante su despotismo.
Los jueces americanos admitieron que por lo menos sustrajo trece millones de dólares, aunque se sabía que el fruto de su latrocinio era mucho mayor. La leyenda ridícula de que había hecho fortuna con su sueldo no era sino una vulgar patraña. En cualquier país donde se gobierna honradamente, el Presidente percibe una remuneración normal que jamás le permite acumular una fortuna.
Pérez Jiménez,
cuando llegó a Miami, huyendo de la justicia venezolana, compró una fastuosa
residencia que le costó 400 mil dólares, con treinta sirvientes, una flotilla
de automóviles y yates. Eso no lo produce un sueldo de Presidente.
La Corte de Apelaciones del Estado de Florida ordenó la prisión de Pérez
Jiménez y fue recluido en la cárcel del Condado de Dade.
El Gobierno de Coalición
insistió en la ex tradición, ya que sus abogados alegaron que enviarlo a
Venezuela “equivalía a sentenciarlo a muerte” por la animosidad de sus enemigos
políticos. Pero el juez Arthur Goldberg otorgó la ex tradición con la condición
de que el reo fuera juzgado únicamente por los delitos de peculado y malversación.
El 15 de agosto de 1963 fue entregado a funcionarios de la policía judicial venezolana y embarcado en un avión venezolano, que aterrizó en la base militar de Palo Negro. Pérez Jiménez fue recluido en la penitenciaría de San Juan de los Morros.
El dictador –a pesar de su dinero y de las presiones que se ejercieron para liberarlo o indultarlo- obtuvo una condena de cinco años de prisión. Para ello no hubo necesidad de valerse de expedientes torcidos y autoritarios, sino de los canales y procedimientos de la justicia ordinaria.
El 15 de agosto de 1963 fue entregado a funcionarios de la policía judicial venezolana y embarcado en un avión venezolano, que aterrizó en la base militar de Palo Negro. Pérez Jiménez fue recluido en la penitenciaría de San Juan de los Morros.
El dictador –a pesar de su dinero y de las presiones que se ejercieron para liberarlo o indultarlo- obtuvo una condena de cinco años de prisión. Para ello no hubo necesidad de valerse de expedientes torcidos y autoritarios, sino de los canales y procedimientos de la justicia ordinaria.
Los abogados defensores fueron Naranjo Osty y Morris Sierralta
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